¿Terrorismo en el Ecuador?

Introducción

En los últimos meses la opinión pública nacional le ha dado gran cobertura al caso
de 10 jóvenes acusados de haber cometido delito de terrorismo. No es el primer caso,
aunque se espera que sea el último, en el que se ha utilizado este tipo penal en el
Ecuador, en contra de opositores(as) políticos, líderes(ezas) sociales y de
defensores(as) de los derechos humanos y de la naturaleza. En el presente trabajo se
analizará el tipo penal de terrorismo como ejemplo pragmático del uso del discurso
del terror y en concreto su aplicación en contra de las personas que quienes
detentan el poder identifica como enemigo, para luego tratar de explicar el uso
cotidiano del discurso y como este menoscaba los  derechos humanos y limita la
capacidad de reacción, de análisis y de participación política.

terrorismo

El uso del derecho penal como herramienta política no es nuevo, sino que se remonta
a sus propios orígenes, en los cuales las personas sufrían penas por desobedecer la
voluntad del soberano o simplemente en ejercicio de dicha voluntad. Si bien en el
transcurso de los siglos las sociedades han tratado de racionalizar su uso2 el
resultado es que un poder tan grande como el de privar de la libertad (o incluso la
vida) de las personas no es fácil de contener, sobretodo porque se constituye en un
arma seductora para quienes detentan el poder político.
Mucho es lo que se puede hacer a través del derecho penal, desde la perspectiva
política, se puede privar de la libertad a quienes piensan diferente, intimidar a
quienes quieren hacer oposición política, excluir a un grupo determinado de la
sociedad que resulta incomodo para el poder y, sobre todo, definir en lo simbólico
el estereotipo de ciudadano o ciudadana que está en el campo de lo legal y, por
tanto, es parte de la sociedad; quien queda fuera de ella y por tanto debe ser
expulsado hacia adentro (cárceles y manicomios) o así a fuera (deportaciones o
destierros); e, incluso quienes deben ser eliminados (pena de muerte).3
Desde los avances del derecho penal moderno, se ha intentado construir filtros para
el uso de este poder, los cuales incluyen el principio de legalidad, la
proporcionalidad de la pena, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la
necesidad de tipicidad, la necesidad de antijuridicidad, entre otros. Incluso el
discurso se moderó al punto de limitarse los actos punibles a los que atentaban
contra los principales bienes jurídicos, cuya importancia parecía estar reconocida
en el pacto social gracias a la cuasi universalidad de su reconocimiento. Sin
embargo en las últimas décadas, en especial después del 11 de septiembre de 2001,
vemos un notorio retroceso de la limitación de estos poderes bajo dos figuras
introducidas al campo jurídico: “el terrorismo” y “el derecho penal del enemigo”.
Los actos considerados “terroristas” son, en su mayoría, actos tipificados en varios
estados alrededor del mundo, tales como el asesinato, el secuestro con fines de
extorsión, la manipulación de explosivos, el tráfico de armas, etc., sin embargo la
categoría se crea con una naturaleza ambigua que no tiene cabida en el derecho, así
no se puede distinguir una definición concertada de terrorismo a nivel
internacional, el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas reconoce la existencia a nivel universal de 16 convenios sobre terrorismo,4
cada uno de los cuales contiene definiciones diferentes de actos considerados
terroristas, sin entrar a delimitar el concepto “terrorismo”.5
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos falla también al tratar de definir el
terrorismo, así acoge la definición de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
señala que terrorismo “son los actos criminales con fines políticos concebidos o
planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo
de personas o en personas determinadas (que) son injustificables en todas las
circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas,
ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan
valer para justificarlos.”6 Luego detalla una serie de actos, cada uno constitutivo
de un tipo penal diferente. En la definición estructural de delito, este tipo penal
no se sostiene ya que la pluralidad de verbos rectores lo convierten en poco claro,
lo cual cómo podemos suponer, se presta para la arbitrariedad.
En el marco del terror mundial por los actos “terroristas” se desarrolla y se
difunde la teoría del Derecho Penal del Enemigo, el jurista Zaffaroni define este
postulado de manera muy clara, al manifestar que este consiste en dar un trato
diferente, fuera del derecho a cierto grupo de personas: los enemigos:
“La esencia del trato diferencial que se depara al enemigo consiste en que el
derecho le niega su condición de persona y sólo lo considera bajo el aspecto de ente
peligroso o dañino. Por mucho que se matice la idea, cuando se propone distinguir
entre ciudadanos (personas) y enemigos (no personas), se hace referencia a humanos
que son privados de ciertos derechos individuales en razón de que se dejó de
considerarlos personas.”7 
Claro está, señalar a un grupo de personas como “enemigas de la sociedad” se presta
a una subjetividad única en el derecho penal, mediante esta determinación son
enemigos de la sociedad y eventualmente podrían ser catalogadas como terroristas,
aquellas personas que atenten contra los valores, la estabilidad, el bienestar y las
metas de la sociedad.
Lamentablemente el contenido de estos parámetros será dado por el gobierno de turno,
así advierte Ferrajoli que los tipos penales de terrorismo:
“se prestan a ser usadas como cajas vacías y a dar cuerpo a hipótesis sociológicas o
a teoremas político-historiográficos elaborados a partir de la personalidad de los
imputados o de interpretaciones supuestas y conspiratorias del fenómeno terrorista o
mafioso. En estas figuras normativas el hecho se difumina en el recorrido vital o en
la colocación política o ambiental del imputado y, como tal, es tan poco verificable
por la acusación como poco refutable por la defensa. Y se configura tendencialmente
como un delito de status más que como un delito de acción o de resultado,
identificable, en vez de mediante pruebas, mediante valoraciones referidas a la
subjetividad subversiva o sustancialmente antijurídica de su autor.”8
Es decir que el derecho penal deja de fijarse en los actos y empieza a perseguir a
los sujetos que considera “peligrosos”. La peligrosidad será determinada por los
tiempos, Chomsky en varias de sus obras analiza la intervención militar de Estados
Unidos en Centroamérica y devela la manera en que el discurso detrás de las
atrocidades cometidas precisamente no apuntaba a evitar los actos lesivos a la
humanidad cometidos en estas guerras, sino atacar a una ideología, fue así como
Estados Unidos avaló las dictaduras del cono sur por su tendencia neoliberal e
intervino en conflictos armados internos donde existía la posibilidad de que las
guerrillas comunistas se alcen con el poder:
“[O]bservamos lo fácil que es tolerar, incluso obviar, las atrocidades más horribles
cuando son cometidas por “los nuestros”. […] Supongamos que los sandinistas […]
recurrieran a la destrucción física de los medios de comunicación independientes y
el asesinato de los miembros de la oposición política junto con el ejercicio del
terror salvaje y la masacre en masa de la población de cara a acabar con los
movimientos populares y restaurar al antiguo régimen bajo el control de los
militares y los sectores civiles privilegiados dedicados a enriquecerse y servir al
amo extranjero, mientras los animales de carga mueren de enfermedades, malnutrición,
por las duras condiciones de trabajo en régimen de semiesclavitud, y por
envenenamiento con pesticidas, según las normas aceptadas. En estas condiciones,
Estados Unidos estaría encantado de apoyar su democracia imperfecta pero creciente”9
El mismo problema encontramos en el Ecuador, donde acarreamos leyes de la época de
las dictaduras, las cuales están impregnadas de las prácticas totalitarias y
policiales de la época, donde todo pensamiento opuesto a las pujantes ideologías
capitalistas impulsadas por Estados Unidos se consideraba subversivo. “No hace mucho
tiempo, las dictaduras latinoamericanas utilizaban el término subversivo para
identificar al enemigo ideológico del sistema de por aquel entonces, y ello
justificó un tratamiento diferenciado, al margen de la ley, que culminó en el mayor
holocausto del cono sur del siglo pasado, mediante la desaparición forzosa de miles
de personas bajo el abrigo de la doctrina de la seguridad nacional”.10 Términos como
subversivo y terrorista también fueron usados en democracia, así el discurso penal
del enemigo permitió que en el gobierno de León Febres Cordero se legitime la
creación de un régimen de excepción para los
 sospechosos, lo que llevó al país a la peor época de violaciones a los derechos
humanos (civiles y políticos) de la segunda mitad del siglo XX. En el período
existieron actos cometidos por grupos como “Alfaro Vive Carajo” por los cuales
pudieron ser juzgados y condenados, sin embargo utilizar la política del miedo bajo
una supuesta amenaza terrorista y del derecho penal del enemigo permitió al nefasto
gobernante aplicar la tortura, la desaparición forzada de personas y las
ejecuciones extrajudiciales en contra de sus adversarios políticos, principalmente
líderes sociales e indígenas que se oponían a su régimen económico.
Nuestro actual código penal es una de las herencias de la dictadura, en dicho código
se tipifica el delito de terrorismo en un artículo innumerado agregado a
continuación del artículo 160 mediante Decreto Supremo No. 1273, publicado en
Registro Oficial 705 de 19 de Diciembre de 1974:11
Artículo innumerado siguiente al 160 del Código Penal.- Los que, individualmente o
formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos
terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines
patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios,
reivindicatorios, proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren
delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera
clase o de sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos,
almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc, ora allanando o invadiendo domicilios,
habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, conventos,
instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc., ora
sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía;
ora secuestrando personas, vehículos, barcos o
 aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes
y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner
en libertad a procesados o sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora
ocupando por la fuerza mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios
públicos o privados de cualquiera naturaleza y tipo; ora levantando barricadas,
parapetos, trincheras, obstáculos, etc. con el propósito de hacer frente a la
fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora
atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y
servicios, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y
multa de mil setecientos sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos dieciocho
dólares de los Estados Unidos de Norte América.
Este tipo penal cuenta con cinco etcéteras, es decir espacios de indeterminación del
tipo en donde el juez podría completar los elementos subjetivos, objetivos o el
verbo rector del tipo. La pluralidad de actos y de fines atribuidos a estos hace que
cualquier acto político de un grupo de ciudadanos/as pueda de una u otra forma
encasillarse en este tipo penal. Y esa ha sido la práctica en los últimos tiempos,
en la actualidad más de cuarenta dirigentes indígenas han sido acusados de
terrorismo en Ecuador, los procesos se encuentran en diversos estados y todos han
sido iniciados por presiones de funcionarios de gobierno.
Los hechos son variados, pero todos están relacionados con actos de protesta social
como la manifestación efectuada a las afueras de la reunión del ALBA en la ciudad de
Otavalo en junio de 2010 o la manifestación de la nacionalidad Shuar del 30 de
septiembre de 2009. Estos líderes sociales, al reivindicar el respeto a sus culturas
y vidas ancestrales realizan una labor de defensa de los derechos humanos de sus
nacionalidades y pueblos, sin embargo esta legítima actividad se encuentra en contra
de la política del gobierno de ampliar las actividades extractivas en sus
territorios. El tipo penal de terrorismo aquí sirve para legitimar la persecución
política a estos dirigentes mediante el derecho penal, es decir la politización de
la justicia, para lo cual el discurso del terrorismo resulta sumamente útil:
“El derecho es un concepto de embrague para la política de nuestro siglo: el rastro
de una violencia que se quiere razón, y que tiene en la – más que dudosa – hipótesis
de su neutralidad, un aval cotidiano casi imperceptible. La legalidad aporta las
formas de lo político, dispone los procedimientos y supone los principios que
sostienen el ejercicio de un poder concreto: la política, por necesidad, ha de
extender siempre su marco, la política como campo semántico y como juego de fuerzas
que dan (o restan) sentido a la propia ley.”12
La criminalización de la defensa de los derechos humanos no es una práctica endémica
en Latinoamérica. Así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe
de marzo de 2006 sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos en las Américas señaló que las personas que realizan esta actividad sufren
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas,
hostigamientos, campañas de desprestigio, violación de domicilio, injerencias
arbitrarias en instalaciones de organizaciones de derechos humanos, en la
correspondencia y las comunicaciones telefónicas y electrónicas, actividades de
inteligencia, restricciones al acceso a la información en poder del Estado,
controles administrativos y financieros arbitrarios, impunidad en las
investigaciones de ataques sufridos; e, iniciación de acciones penales que
menoscaban el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos.     En el
mismo
 informe la Comisión define como grupos de defensores y defensoras en especial
indefensión a líderes sindicales, líderes campesinos y comunitarios, líderes
indígenas y afrodescendientes, operadoras y operadores de justicia; y, mujeres.
La iniciación de procesos legales en contra de defensores y defensoras de los
derechos humanos ocupa un capítulo del informe de la comisión, en el cual señala:
“Otro aspecto de la mayor preocupación es la utilización de acciones legales contra
las defensoras y defensores, tales como investigaciones o acciones penales o
administrativas, cuando son instruidas con el objeto de acosarlos y
desprestigiarlos. En algunos casos, los Estados utilizan tipos penales que
restringen, limitan o coartan los medios utilizados por las defensoras y defensores
para realizar sus actividades. La Comisión nota que algunos países de la región han
promulgado leyes o han recuperado tipos penales ya en desuso, como los delitos que
atentan contra la forma de gobierno o los delitos de desacato, tipificación penal
cuya eliminación la Comisión reiteradas veces ha sugerido a los Estados.
En otros casos, lo que se hace es iniciar procesos judiciales de tipo penal sin
fundamentos de prueba con el objeto de hostigar a los miembros de las
organizaciones, quienes deben asumir la carga psicológica y económica de afrontar
una acusación penal. Algunos de esos procesos han llegado a etapas avanzadas en el
procedimiento que incluyen la detención provisional prolongada de los acusados.
Estos procesos habitualmente comportan la imputación de los delitos de rebelión,
atentado contra el orden público o la seguridad del Estado y la integración de
grupos ilegales.”13
Pero estas acciones no se realizan solamente en contra de defensores de derechos
humanos. En Ecuador parte de esos procesos iniciados en contra de líderes indígenas
fueron por delito de sabotaje y terrorismo. Este hecho fue reconocido por la
Asamblea Constituyente de Montecriti la cual emitió una amnistía a defensores y
defensoras de derechos humanos procesados por sus acciones de reivindicación de
derechos o por acusaciones infundadas, incluso aquellos/as que ya habían sido
condenados/as:
“Varios hombres y mujeres de nuestro país se han movilizado contra las compañías que
han devastado el ecosistema. Por su defensa de la vida, de los recursos naturales y
el ambiente algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados por delitos
políticos y comunes conexos con los políticos.
Algunas compañías que ha devastado el ecosistemas o con intereses en estos
proyectos, con el aval permisivo de algunos gobiernos,  se han valido de una gran
cantidad de delitos tipificados en el Código Penal para sindicar a líderes e
integrantes de las comunidades que ha ejercido su derecho a la resistencia. Así, se
los ha acusado por infracciones como: Promoción y organización de manifestaciones
públicas sin permiso, sabotaje y terrorismo, rebelión y atentado contra funcionarios
públicos, obstaculización de la ejecución de obras públicas, asociación ilícita,
intimidación, instigación a delinquir, apología del delito, incendio y otras
destrucciones, delitos contra la propiedad como: hurto, robo y usurpación; delitos
contra medios de transporte, daños contra el medio ambiente, delitos contra la vida,
lesiones, secuestro y plagio.”14
A pesar de que esta amnistía fue dictada por una mayoría favorable al actual
régimen, éste ha iniciado nuevas acciones en contra de algunos de los mismos
dirigentes amnistiados, dado que la crítica que realizan estos grupos al gobierno
por su política anti-garantista de los derechos de los pueblos y la naturaleza no ha
sido bien recibidas por gobierno. Instrumentos dictatoriales aún vigentes, como el
tipo penal de terrorismo, se constituye en la herramienta perfecta para la
persecución de quienes no comparte su visión. El nuevo enemigo para el Estado
Ecuatoriano son los defensores y defensoras de derechos humanos, lideres y liderezas
sociales, así como opositores políticos a quienes se les priva de sus derechos
fundamentales, lo cual es impensable en un Estado de Derechos y Justicia:
“[E]ste fenómeno llamado Derecho Penal del Enemigo representa un claro retroceso en
la defensa de los derechos y garantías de la persona, cuya aparición y posterior
desarrollo se compadece con una política criminal guiada ya no por la racionalidad,
necesidad y proporcionalidad, sino por la idea de pseudo peligrosidad permanente que
resulta operativa para una democracia populista, cuya legitimación se procura en la
búsqueda del favor segmentario, sin atender a los verdaderos orígenes de este estado
de excepción que pretende imponerse en un Estado social y democrático de Derecho”15
En conclusión, el solo hecho de la existencia del tipo penal de terrorismo resulta
una afrenta a la Constitución y a los Derechos Humanos. Su derogatoria resulta
indispensable en aras de dejar atrás las malas prácticas acarreadas desde la
dictadura militar de perseguir a los enemigos políticos mediante el derecho penal.
Se han dado casos en que los tipos penales comunes han servido para este propósito
como el robo, el plagio, la violación, etc., sin embargo el tipo penal de terrorismo
cumple una función simbólica importante que es de legitimar los abusos del poder
detrás de actos que supuestamente dañan a lo sociedad, catalogar a una persona de
terrorista tiene una carga difícil de afrontar. La eliminación del tipo penal de
terrorismo no detendrá la criminalización, pero al menos la hará más difícil. En un
Estado Constitucional no se puede tolerar un poder ilimitado para utilizar la
justicia como arma política, mucho han tenido que
 soportar las personas desde Febres Cordero hasta nuestro días, sin embargo su
sufrimiento debe servirnos como motivación para poner fin a esta situación.
Con el actual gobierno a la cabeza del Estado ecuatoriano, se han hecho dos ofertas
de derogar el tipo penal de terrorismo ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. La primera, en el período 137° de sesiones en 200916 donde el representante
del Ministerio de Justicia y Derechos afirmó que el tipo penal de terrorismo sería
derogado en el Proyecto de Código Orgánico de Garantías Penales (proyecto que fue
luego desechado por el propio gobierno). La segunda, en el período 146° de sesiones
en 201217 donde los representantes del Estado reconocen que el tipo penal de
terrorismo es anacrónico y que no se mantiene el nuevo Proyecto de Código Integral
Penal impulsado por el ejecutivo.
Sin embargo, el terrorismo no es la única forma de utilizar el discurso del miedo.
Por el contrario es sólo el comienzo. Lo que ha permitido que sociedades enteras
avalen el tratamiento de no-personas a cierto sector de la población es precisamente
el terror. Pero, para saber quién genera ese terror, se tienen que distinguir al
menos tres elementos del fenómeno, que serían el hecho, su difusión y su uso.
Los hechos que generan terror no son únicamente los famosos actos terroristas
(pensamos aquí en bombas, secuestros de aviones, secuestros de personas, asesinatos,
etc.), sino, sobre todo, los actos delictivos cotidianos. Las estadísticas de la
Policía Nacional no demuestran un incremento significativo de los atentados contra
la vida y la propiedad en los últimos años, sin embargo sí es significativo el
incremento del tiempo al aire que le dedican los programas de televisión a la
cobertura de la crónica roja. A los seres humanos les gusta tener control de
nuestras vidas y le temen a lo desconocido, la lluvia mediática de muertes, asaltos
y otros delitos, por supuesto que causa miedo en la población, a la cual le da igual
tener miedo por la posibilidad de que explote una bomba en el supermercado del
barrio o morir de un tiro mientras es asaltada a mano armada en el mismo lugar.
El número de personas que mueren en asaltos es casi determinable, ya que los medios
de comunicación no se pierden una noticia como está, basta entonces mirar cualquier
canal de televisión y sacar la cuenta. Sin embargo las muertes que no se registran y
que sin duda son más, son las que ocurren por muertes “naturales” de niños
contagiados por enfermedades tratables, por personas a quienes se les impide el
acceso a los hospitales públicos o se les presta la atención de manera deficiente o
por falta de medicamentos adecuados o los niños que viven y mueren en la calle.
Estas víctimas de otro tipo de violencia no son tomadas en cuenta.
Pero además del hecho que genera terror y su difusión queda la parte más importante
del fenómeno, esto es el “discurso del miedo” o como estos hechos (por cierto
lamentables y repudiables) benefician a un grupo de personas. Los primeros
beneficiarios son, sin duda, los medios de comunicación, quienes venden el miedo a
las personas que buscan en ellos información veraz sobre el mundo que les rodea y
que no alcanzan a percibir de forma directa. Si lo que las personas saben del mundo
es lo que los medios le dicen, entonces es fácil generar en ellas el miedo y el
ansia de saber más para tratar de estar prevenidas en contra de ese mundo hostil y
peligroso que los rodea, llenos de malandrines negros, colombianos y cubanos.
Una segunda tanda de beneficiarios la constituyen los empresarios, sobre todo de
industrias como la construcción que cada vez venden propiedades con cercas más
altas, más electrificadas, más automatizadas y más caras; quienes venden productos
informáticos para permitir a las personas interactuar lo menos posible con sus otros
peligrosos congéneres, las aseguradoras que ofrecen pólizas para todas las
desgracias que se nos pueda ocurrir, las empresas de seguridad privada, los mega
centros comerciales, donde la gente no esté en riesgo, los vendedores de autos que
ayudan a las personas a no transportarse en los medios públicos. Como afirma Michael
Moore en varios de sus documentales, el miedo es un poderoso lubricante para el
comercio.
El tercer grupo, lo componen los políticos. El discurso del miedo es un arma
valiosísima para generar población poco deliberante, asustadiza y obediente. El uso
del miedo como arma política no tiene tendencia, aunque ha sido un baluarte del
populismo. Lo uso Febres Cordero para implementar su política económica por la
supuesta amenaza de un grupo subversivo, lo hicieron los dictadores del cono sur con
la supuesta amenaza del socialismo, lo hicieron gobernantes peruanos y colombianos,
gracias al conflicto armado interno; y lo hizo el actual régimen para aprobar
importantes reformas a la administración de justicia mediante una consulta popular
para supuestamente mejorar la seguridad.
El último caso ecuatoriano es extremadamente interesante. Rafael Correa, un
profesional joven, sin incursiones políticas previas, se alza con el poder mediante
una serie de discursos con los que pretendía agrupar a una serie de aliados y
aliadas políticas, el discurso revolucionario implicaba romper con todo aquello que
la “partidocracia” había propugnado durante años, así en el campo de la seguridad
afirmó que la justicia social estaría por encima de la justicia penal. Justicia
penal que era la oferta de los sectores de derecha del país, que frente a la
inseguridad social proponían endurecimiento de penas, flexibilización de las
garantías penales y prisión preventiva (o prisión en firme) para todos/as.
La Constitución fue el primer paso al costado de esta tendencia, se incluyó la
excepcionalidad de la prisión preventiva, su caducidad, la proporcionalidad de las
penas, la no penalización del consumo de sustancias estupefacientes y un sistema
penal garantísta de derechos. Llegó al punto de amnistiar a los y las defensores y
defensoras de derechos humanos y a indultar a las mulas del narcotráfico.
Desde el año 2010, sin embargo, el discurso cambió de manera paulatina, los medios
de comunicación atacaban sin tregua al gobierno acusándolo de ser tolerante con la
delincuencia y empezaron a transmitir más y más crímenes en sus noticieros. El costo
político de sostener un discurso coherente con la Constitución, le pareció excesivo
al gobierno, por lo que dio un giro de ciento ochenta grados. Se abanderó de
consignas socialcristianas y sus funcionarios empezaron a acusar a jueces y fiscales
de ser los responsables de la inseguridad y finalmente ofreció meter sus manos
limpias en la justicia para arreglar su ineficiencia, para lo cual debía violar la
principal obra de su movimiento: la Constitución de 2008.
Miles de ciudadanos asustados deberían acudir a las urnas para resolver el problema
de la excepcionalidad de la prisión preventiva, su caducidad y las medidas
alternativas ordenadas por la Constitución, y así poder salir con tranquilidad de
nuevo a las calles, que importaba si unos cuantos inocentes pasaban meses en la
cárcel o si el Estado utilizará este nuevo poder para arremeter en contra de sus
adversarios políticos. Este era un costo mínimo frente a la necesidad de seguridad
de la sociedad.
Ahora, con jueces y juezas con temor de ser reemplazados y con nuevos jueces y
juezas que le deberán favores a quien les ponen en el cargo, otro tipo de terror
reina en el país. Aquel que nace de saber que quien tiene el poder controla la
justicia, y, por tanto, su poder no tiene límites. Es el terror de no poder decir lo
que se piensa por el riesgo de la cárcel.
 
 
Conclusión
El artículo 376 del Código Penal contiene un tipo penal perfectamente delimitado, "
Los atentados contra las personas o bienes mediante explosivos, se sancionarán con
dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria". Si a los 10 detenidos en
Luluncoto se les acusa de detonar varias bombas panfletarias que habrían causado
daños materiales en los lugares donde fueron detonadas, ¿por qué no se les juzga por
este delito? La fiscal incluso afirmó en la audiencia preparatoria de juicio que la
libertad de los 10 jóvenes es un peligro para la sociedad, entonces ¿por qué no
acusarlos por un delito que implica el doble de pena? 
Se todas las respuestas que se podrían ensañar, en criterio del autor dos son las
más probables. La primera es, al usar un tipo penal abierto, y diseñado desde la
doctrina de derecho penal del enemigo, la fiscal no tiene que demostrar que se haya
cometido un acto antijurídico, sino la peligrosidad del acusado. De los documentos
del proceso se puede apreciar que los esfuerzos de la fiscal no se encaminan a
demostrar la responsabilidad de los acusados en la detonación de las bombas, sino en
su pertenencia o no al Grupo de Combatientes Populares, supuesto grupo que habría
realizado las detonaciones. Sin necesidad de tener que demostrar la existencia de la
infracción penal y las responsabilidades, la fiscal tiene un caso más fácil.
La segunda, es que no es lo mismo acusar a una persona de un delito común (por grave
que sea) que acusarla de terrorismo. Como se ha sostenido en este escrito, la
palabra terrorista es estigmatizante, tiene la función de generar temor social y la
de definir a la persona, y a su grupo, como enemiga de la sociedad. Luego entra en
el espacio de no-persona, de objeto, la sociedad no puede sentir simpatía o
compasión por su situación (casi un año de privación arbitraria de la libertad) sino
miedo. No importa que terrorismo en el Código Penal ecuatoriano no signifique lo
mismo que en el Código Penal peruano, significa lo mismo en la lengua y en la
cultura, y su función simbólica transciende su tipificación. 
Cuando nos encontramos con la aplicación de tipos penales como el de terrorismo, no
basta decir que su aplicación se debe dar en el marco de un debido proceso y de
administración de justicia independiente. Hacer eso es negar que las instituciones
jurídicas tengan dimensiones más complejas que la supuesta aplicación "técnica" del
derecho y que detrás de la aplicación por la aplicación de la ley se sostiene un
discurso que oculta y a la vez legitima el fin real de la norma. En el caso de las
personas acusadas de terrorismo en Ecuador ese fin es el de estigmatizar a quien el
poder considera su enemigo, hacerlo parecer un peligro para la sociedad, generar
miedo y, en el actual contexto, ganar elecciones. Lo ha hecho con líderes
campesinos, con líderes indígenas, con defensores y defensoras de derechos humanos,
ahora con un grupo de jóvenes que se encuentran en medio de una contienda política
en la que ningún bando tiene los escrúpulos para
 dejar de usarlos como bandera electoral.
El lunes 21 de enero, en la nueva audiencia de juzgamiento, están varias cosas en
juego. La posibilidad del gobierno de usar una condena como muestra de su lucha
contra la inseguridad o la de otros grupos de usar una absolución como una victoria
sobre el régimen. Se juegan además sanciones o premios para los miembros del
tribunal penal de acuerdo con la manera en que fallen en el caso. Pero hay dos cosas
mucho más trascendentales, la posibilidad de sentar un nuevo precedente nefasto al
aplicar un tipo penal abierto usado para perseguir y estigmatizar a quienes se
enfrentan al poder; y, lo más importante, esta juego la vida de 10 personas cuyos
actos no están siendo juzgados, sino su filiación política.
 
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