Sindicatos globales descolocan al gobierno ecuatoriano

Poco antes de iniciar la rueda de prensa que convocó la UNE el 25 de agosto 2016 se procedió a entregar en las oficinas del Ministerio de Educación un carta firmada por Juan Diego Gómez, directivo de la Internacional de Servicios Públicos que en nombre de la Internacional de la Educación y de la Confederación Sindical de las Américas llegó a Quito a cumplir una misión fundamental: encontrar salidas a la problemática creada en torno a la pretensión gubernamental de disolver y liquidar a nuestra organización.

 

La IE, ISP y CSA que pusieron en hombros de Juan Diego Gómez la responsabilidad de encontrar salidas, tienen claro que cualquier alternativa que se plantee, converse o se concrete tiene que concretarse sobre la base del respeto a los derechos humanos que para el caso en discusión están expresados en los Convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y que sostienen que los estados deben respetar el derecho a la asociación, brindarles las facilidades para el ejercicio de esa libertad, abstenerse de incidir en ellas y jamás disponer su desaparición.  Esto es obligación del Estado ecuatoriano en razón de que firmó ratificando su vigencia en la legislación ecuatoriana a nivel de la Constitución.  Es decir los convenios de la OIT son parte de las leyes que rigen en el Ecuador.

UNE rueda prensa 26 ago 2016

Sin embago, siendo que los convenios suscritos por el Ecuador son parte de la legislación ecuatoriana, también lo son otras normas jurídicas de menor jerarquía pero que son ejecutadas por las autoridades estatales, es el caso de los decretos 016, cuestionado por las organizaciones sociales ante la Corte Constitucional, el decreto 739, ambos que disponen las formalidades que d

eben cumplir las organizaciones sociales para registrarse ante el Estado. El caso es que también legislan sobre los mecanismos para que desaparezcan.  Que es justamente los que están aplicando hoy en contra de la UNE y los que están en contradicción con las disposiciones de los Convenios.

 

Con estos antecedentes el delegado de la IE-ISP-CSA envió una carta al ministro de Educación del Ecuador planteando tres puntos Ver carta:

  • Suspender la medida de disolución
  • Conformar una comisión de diálogo con los buenos oficios de la misión conformada por los sindicatos globales y la asistencia técnica de la OIT
  • Revisar las acciones del gobierno ecuatoriano a la luz de los acuerdos suscritos por el Ecuador. 

 

Sucesivas insistencias telefónicas, por twitter, por correo por intermediación de personalidades no lograron obtener respuesta alguna de parte del ministerio. Hasta finalizar el día, luego de la marcha de protesta contra el gobierno y

solidaridad con la UNE, no se conoció respuesta alguna.

 

Gómez sostuvo que es el gobierno ecuatoriano el que ahora debe responder ante las organizaciones internacionales sobre la solicitud formal realizada que viabilizaría salidas al problema.  Sin embargo el gobierno pretende que la visita del delegado internacional pase desapercibida.

 

A todo esto es claro que la argumentación oficial de

incumplimiento de parte de la UNE de sus propios estatutos, de no entregar información requerida, de explotación a sus trabajadores hacen parte de las justifidaciones presentadas para co

ncretar la decisión política del régimen de desaparecer a la UNE, pues, aunque la argumentación del gobierno fuese cierta (lo cual no es así) el procedimiento que las organizaciones internacionales y la propia legislación ecuatoriana disponen es la subsanación de las faltas.  Jamás poner esas faltas como justificación para disolver una organización.

 

Con este accionar se confirma, otra vez, que la vigencia de los decretos 016 y 739 son atentatorios a los derechos de los trabajadores.

 

 

 

 

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